La vida, ellos te la dan y a la vez te la quitan

El pasado día 2 de septiembre, el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,  confirmó en una entrevista que el próximo mes de octubre se aprobaría  la nueva  Ley del Aborto que no sólo dejar sin efectividad la actual ley de plazos, sino que incluso tiene previsto eliminar dos supuestos permitidos por la Ley del Aborto de 1985,  el aborto por grave peligro psíquico para la embarazada y, dentro de los supuesto de  malformación del feto, se  excluye  los supuestos de discapacidad.  Esta nueva ley, básicamente supone un retroceso de más de 30 años al pretender penalizar algunos de los supuestos permitidos por la Ley de 1985 y endurecer los requisitos para el acceso a los supuestos no tipificados como delito. Si uno lee la reforma planteada por el actual gobierno, tiene la sensación que se creen que las mujeres que toman esta decisión tan dura lo hacen de la misma manera como eligen un vestido para ir a una fiesta, sin parar a pensar que en la mayoría de los casos  se trata de una decisión difícil y traumática. No se trata de entrar en la discusión ética, moral o filosófica de cuál es la opción correcta o la más  acertada ya que eso pertenece a la conciencia de cada persona,  y  toda  opinión al respecto  se debe respetar,  sólo se debe decir que nadie debería ser señalado con el dedo ni  castigado por la  decisión, fuese cual fuese, libremente tomada sobre este tema.

Es sumamente paradójico que se pretenda protegen la vida excluyendo de los supuestos permitidos del aborto los casos en que el feto  presente algún tipo de discapacidad, cuando en  los años  2011 y 2012,  este mismo  gobierno endureció las condiciones de acceso a la  ayudas de la Ley de Dependencia, además de eliminar la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales de la personas dependientes y recortar en un 15 %  las ayudas concedidas por dicha ley. Esto ha hecho que cientos de miles de personas a las cuales se les concede un grado moderado de dependencia no puedan acceder a ningún  tipo de ayuda hasta el año 2015, o incluso, casos de personas que teniendo reconocido un grado dependencia severo o una gran dependencia, han pasado a un grado moderado, viendo cómo se esfumaban las ayudas que les permitían a ellos y  a sus cuidadores tener derecho a una  vida mucho más digna.

Para excluir el derecho al aborto en los casos en que el feto presente algún tipo de discapacidad,  se  alega el derecho a la vida y a la igualdad de oportunidades, pero ¿Qué vida? Por un lado se la dan, pero por otro se la quitan. Se la quitan cuando recortan una y otra vez las ayudas económicas aprobadas por la Ley de Dependencia de 2006, ayudas que sirven para sufragar los altos costes en farmacia, manutención, ayudas técnicas para la autonomía de los dependientes, salarios para los cuidadores, transportes….  y así se podría seguir con una larga e interminable lista. Es muy hipócrita pretender proteger el derecho a la vida de un nonato y cuando esté nace condenarlo en vida, no sólo a ellos, sino  también a sus futuros  cuidadores, a sus familias, a los que sufrirán y padecerán, pero a la vez, reían, amarán y disfrutarán con ellos. Se les condenará a llevar una vida menos digna, en peores condiciones,  con mucha menos  autonomía personal, elemento básico para su desarrollo vital, y sobre todo personal.

 Este es el concepto de caridad y ayuda al prójimo que nos vende nuestro gobierno, como el que teníamos antaño,  donde se le daba una limosna al pobre a la puerta de la iglesia para nunca más preocuparnos por él. Ahora se les llenará la boca con la protección al derecho a la vida, a la igualdad de oportunidades entre las personas, pero ¿Que les dirán luego a las familias que tenga un niño con discapacidad cuando los mismo que les dieron la vida luego les denieguen su  petición de ayudas  para que estos niños tenga una vida mejor, una vida más digna? ¿Cómo les podrán mirar a la cara cuando a estos mismos jóvenes con discapacidad se les diga que no pueden volver a su trabajo ya que se han suprimido todas las subvenciones que lo hacían posible, sin tener otra alternativa de acceso al mercado laboral? ¿Qué les dirán a los niños y sus familias cuando no puedan acceder los centros especiales de enseñanza al  ser cerrados por falta de medios económicos para su mantenimiento? ¿Y cuando acudan a sus médicos especialistas para solicitar algún tipo de ayuda protésica para su movilidad y descubran que ha sido excluida de la cartera de servicios comunes de prestación del Sistema Nacional de Salud, al igual que algunos de los medicamentos que les hacían tener una mejor calidad de vida?  Les dirán que ellos les dan la vida, pero a la vez también se la quitan.

Autor: Carmen @Persefone123

Notas al pie de página

1. Apuntes legislativos

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención  a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia,  entró en vigor el 1 de enero de 2007 y tenía como claro objetivo convertirse en uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. Es por ello, que durante los años 2008, 2009 y 2010 se  fue incrementando paulatinamente su partida en los presupuesto generales del Estado haciendo que cientos de miles de dependientes reconocidos  percibieran una ayuda en forma de pago mensual o de acceso a cuidados profesionales, además de reconocer  el trabajo realizado por los cuidadores no profesionales, en la mayoría de los casos, miembros de la propia familia, al empezar a cotizar en la seguridad social por el trabajo realizado.

En noviembre de 2011, durante el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno surgido de las urnas, se aprueba el primer gran recorte a la partida presupuestaria destinada a la Ley de la Dependencia.  Pero no es hasta la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuando se sentencia casi a muerte a la Ley de Dependencia ya que de  un plumazo se elimina la cotización social a los cuidadores no profesionales y se recorta  en  un 15 % las ayudas económicas y en un  13 % la aportación del Estado a la comunidades para sufragar el pago de dichas prestaciones.

Estos cambios legislativos con sus sucesivos recortes en las ayudas  han hecho que la vida de ciento de miles de dependientes y de sus familias hayan sufrido un cambio radical ya que la casi supresión de dichas prestaciones ha hecho que no puedan hacer frente a los innumerables y costosos gastos económicos que supone para las personas dependientes y su familias el intentar tener una vida lo más digna posible. 

2. La díficil situación de las familias con menores dependientes a su cargo a causa de los recortes del actual gobierno a las ayudas aprobadas por la Ley de Dependencia 

 (fuente: www.elperiodico.com)

• "¿Llegar a fin de mes? Un milagro":  Una familia con un niño enfermo crónico describe el efecto del recorte en dependencia en un colectivo muy castigado

• Las familias con dependientes menores denuncian abandono:El Gobierno admimte que las obligaciones y necesidades son mayores y largas. Muchas madres tienen que dejar su trabajo ylas ayudas son escasas. 

• Algunos testimonios más:  Renunciar por falta de dinero,  Contra los más débiles, Abandonados a su suerte y Sin ninguna ayuda

• La Sexta columna: El hachazo popular a la Ley de dependencia ( fuente: www.lasexta.com)

                     

*Para poder acceder a los testimonios sólo se debe clicar en el título de su enunciado